“Rebelión en la
ciudadela universitaria”: el movimiento estudiantil reformista de los años sesenta
en la Universidad Técnica Federico Santa María, y el derrocamiento del clan
Edwards
Jorge Maldonado Soto*
Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
https://orcid.org/0009-0007-9650-7605
Resumen
El año académico
de 1966, en la Universidad Técnica Federico Santa María, comenzó con una
importante huelga estudiantil en protesta contra las estrictas normas y un
sistema de gobierno encabezado por Agustín Edwards Eastman, considerado como
autoritario y monárquico. El descontento estudiantil, acumulado durante años,
generó en 1967 una extensa huelga y toma de las dependencias universitarias,
que se prolongó por seis meses e impulsó la demanda de profundas reformas. La
falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades universitarias
agudizó el conflicto, lo que provocó la intervención del Congreso Nacional y
del gobierno de Eduardo Frei Montalva, y concluyó con la redacción de nuevos
estatutos para la universidad. Este proceso marcó el inicio de la reforma
universitaria en la institución, y la salida definitiva del clan Edwards de su
administración a partir de 1968. A través de la revisión de archivos de la
época y el testimonio de algunos de sus protagonistas, este estudio busca
reconstruir y comprender los principales hitos de esta histórica movilización
estudiantil, que transformó sustancialmente el rumbo de esta universidad
regional de enfoque científico-tecnológico.
Palabras clave
Movimiento estudiantil, reforma universitaria, Universidad Técnica Federico Santa María, Agustín Edwards Eastman, historia de la educación técnica.
“Rebellion in the University Citadel”: The Reformist Student Movement of the 1960s at the Federico Santa María Technical University and the Overthrow of the Edwards Clan
Abstract
The 1966 academic year at the Universidad Técnica Federico Santa María began with a major student strike in protest against the strict regulations and a system of governance led by Agustín Edwards Eastman, regarded as authoritarian and monarchical. Years of accumulated student discontent culminated in 1967 in an extended strike and occupation of university facilities, which lasted six months and intensified demands for profound reforms. The lack of satisfactory responses from university authorities further deepened the conflict, prompting the intervention of the National Congress and the government of Eduardo Frei Montalva, ultimately resulting in the drafting of new statutes for the university. This process marked the beginning of university reform at the institution and the definitive departure of the Edwards clan from its administration as of 1968. Through the examination of archival records from the period and the testimonies of some of its key actors, this study seeks to reconstruct and analyze the main milestones of this historic student mobilization, which significantly reshaped the course of this regional university with a scientific and technological focus.
Keywords
Student movement, university reform, Federico
Santa María Technical University, Agustín Edwards Eastman, history of technical
education.
“Rebelião na
cidadela universitária”: o movimento estudantil reformista dos anos 1960
na Universidade Técnica Federico Santa María e a queda do clã Edwards
Resumo
O ano letivo de
1966 na Universidade Técnica Federico Santa María começou com uma importante greve estudantil, em protesto contra as rígidas
regras e um sistema de governo liderado por Agustín Edwards Eastman,
considerado autoritário e monárquico. O descontentamento estudantil acumulado ao longo dos anos
levou, no ano seguinte, a uma greve prolongada e à ocupação das
instalações universitárias por seis meses, impulsionando a demanda por reformas
profundas. A falta de respostas satisfatórias por parte das
autoridades universitárias agravou o conflito, o que resultou na intervenção do
Congresso Nacional e do governo de Eduardo Frei Montalva, culminando com a
redação de novos estatutos para a universidade. Esse processo marcou o início
da reforma universitária na instituição e a saída definitiva do clã Edwards de
sua administração, a partir de 1968. Por meio da análise de arquivos da época e dos
testemunhos de alguns de seus protagonistas, este estudo busca reconstruir e
compreender os principais marcos dessa histórica mobilização
estudantil, que transformou substancialmente os rumos dessa universidade
regional de perfil científico-tecnológico.
Palavras-chave
Movimento estudantil, reforma universitária, Universidade Técnica Federico Santa María, Agustín Edwards Eastman, história da educação técnica.
Introducción
Desde 1956, el Consejo Directivo de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), en Valparaíso, fue presidido por el empresario y dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman. Su padre, Agustín Edwards Budge, y principalmente su abuelo, Agustín Edwards Mac-Clure, habían desempeñado un importante rol en su creación y desarrollo. Desde sus orígenes, los Edwards mantuvieron el control sobre la universidad, ejerciendo autoridad en su gobernanza, finanzas e inversiones por medio de una red de personas de confianza en puestos estratégicos. Investigaciones recientes han permitido conocer aspectos sobre esta familia y su relación con la universidad, que abarcan tanto el origen de los negocios que consolidaron su fortuna (Herrero, 2014; Guzmán, 2015; Nazer, 2017), como la controversia sobre la pérdida de la herencia de Federico Santa María, destinada a la creación y funcionamiento del plantel (Rotman, 2021). Durante los años sesenta, surgieron cuestionamientos a su gestión, sumados al creciente descontento estudiantil por las estrictas normas que regían la vida universitaria y restringían la participación política. Este clima de tensión derivó en una serie de protestas, que alcanzó su auge en octubre de 1967, cuando los estudiantes iniciaron una toma del plantel durante seis meses.
La gran huelga y toma de 1967 estuvo precedida por otras movilizaciones. Uno de los acontecimientos de mayor revuelo sucedió a comienzos de 1966, cuando un paro, que se extendió por un mes, evidenció las inquietudes y demandas estudiantiles. Esta “rebelión en la ciudadela universitaria” (Correa, 1966) fue un llamado de atención a las autoridades del plantel que, junto con cuestionar la gestión de Edwards, levantó fuertes críticas al modelo educativo. "Están formando ingenieros para servir a las empresas de los Edwards", cuestionaban los estudiantes (Verschae, 2018, p. 46). A este descontento, se sumó la demanda por una formación integral, a partir de un currículo flexible que incorporara las ciencias humanas y sociales, lo que reflejaba el interés estudiantil por una educación que trascendiera lo puramente técnico. En paralelo, el contexto sociopolítico de la época, caracterizado por los movimientos de cambio social y las tensiones geopolíticas, no solo inspiraba a los estudiantes a transformar su universidad, sino también a construir una sociedad más justa. Soñaban con cambiar el mundo.
Este movimiento se enmarca en un proceso de gran efervescencia estudiantil, que ocurrió en las universidades chilenas durante la segunda mitad del siglo XX. No surge de forma espontánea ni aislada, sino que responde a una acumulación de demandas y tensiones a nivel nacional e internacional. Entre sus antecedentes se encuentra el Manifiesto de Córdoba de 1918, en Argentina, que impulsó una nueva concepción de universidad democrática, participativa y comprometida con la sociedad (Biagini, 2018). En Chile, desde la década de 1920, ocurrieron diversas movilizaciones y encuentros interuniversitarios que fueron configurando un escenario en torno a la necesidad de transformar la estructura y el rol de la universidad (Cifuentes, 1997b, pp. 247-250). En junio de 1967, la toma de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), que se extendió por dos meses, se consolidó como uno de los hitos impulsores del proceso de reforma en Chile. El movimiento en la UTFSM fue parte de este proceso. Sin embargo, las particularidades de su modelo educativo y la participación de los Edwards en su administración le otorgaron una complejidad singular, que lo diferenció de otras experiencias en el país.
Este artículo surge tras 13 años de investigación y documentación sobre la reforma universitaria en la UTFSM. El marco temporal del estudio se orienta a comprender el rol del clan Edwards, desde los orígenes de la institución hasta su salida, a partir de 1968, explicando los factores que la propiciaron, pese al control que ejercían y los intereses que influían en su administración. Para reconstruir y analizar los acontecimientos del periodo, se desarrolló un relato cronológico a partir de la revisión de prensa, archivos institucionales, testimonios de actores y fuentes secundarias.
Las fuentes primarias provienen fundamentalmente del Archivo Histórico de la universidad, archivos de prensa en bibliotecas públicas y documentación donada durante la investigación. Una parte importante del material corresponde a recortes de prensa, lo que dificultó en algunos casos precisar detalles, como la página de origen. Entre las fuentes secundarias se encuentran algunos artículos académicos y, principalmente, libros sobre la historia institucional y biografías de figuras relacionadas al tema. Así, esta investigación busca contribuir al campo de la historia del movimiento estudiantil y de la educación técnica en Chile, promoviendo una mirada descentralizada sobre la reforma universitaria y visibilizando su impacto en una universidad regional de enfoque científico-tecnológico.
Contexto histórico
La UTFSM fue fundada en 1931, como resultado de la materialización de la visión filantrópica de Federico Santa María Carrera, empresario chileno radicado en París, quien tempranamente manifestó la intención de destinar su fortuna a la creación de una institución educativa en su natal Valparaíso. Para asegurar su ejecución, en 1919 se reunió con Agustín Edwards Mac-Clure, entonces ministro plenipotenciario de Chile en Gran Bretaña, empresario, banquero y miembro de una de las familias más influyentes de la oligarquía chilena de la época, a quien designó como su principal albacea (Edwards, 1931, pp. 141-144). A esta labor se sumaron, por recomendación de Edwards y disposición de Santa María, Carlos Van Buren, empresario y banquero chileno, reconocido por su filantropía y estrecha relación con Edwards (Vergara, 2020), y Andrew Geddes, banquero escocés y hombre de confianza de Santa María, con vínculos comerciales que le permitían frecuentar periódicamente Valparaíso y Londres (Arancibia, 2009, p. 159). Entre los albaceas originales figuraba también Juan Brown Caces, empresario porteño y poseedor de una de las mayores fortunas de la época, quien renunció a esta labor al poco tiempo.
Federico Santa María falleció el 20 de diciembre de 1925. Pocos meses después, sus albaceas constituyeron la Fundación Federico Santa María, cuyo único objetivo era concretar las disposiciones testamentarias del filántropo (Ministerio de Justicia, 1926). Unos años más tarde, los albaceas enfrentaron una importante controversia, cuando en septiembre de 1928, el defensor de Menores, Ausentes y Obras Pías de Valparaíso, Adolfo Infante, presentó una demanda en la que solicitaba la anulación de la posesión efectiva y partición de la herencia de Santa María. Infante alegaba que los albaceas se habían beneficiado de una cuantiosa suma de dinero y acciones en diversas empresas, mientras que Edwards se defendía acusando una persecución política (La Nación, 18 de septiembre de 1928; Edwards, 1932, pp. 69-81). El litigio concluyó meses más tarde, con un acuerdo que exigió a los albaceas restituir parte de los bienes atribuidos y que ordenaba, además, una reforma a los estatutos de la fundación para que incorporara a su Consejo Directivo al presidente del Banco Central, al rector de la Universidad de Chile y al alcalde de Valparaíso (La Nación, 15 de marzo de 1929). Este episodio recobraría notoriedad cuatro décadas más tarde, cuando en el contexto de la gran huelga y toma, el periódico Clarín publicó el texto de la demanda, avivando aún más el conflicto entre los estudiantes y Agustín Edwards.
Al igual que otros miembros de la oligarquía de su tiempo, Federico Santa María tuvo una visión socialmente progresista. Legó al país una institución educativa, que bajo un rol social brindó educación, hospedaje, alimentación, materiales y vestuario al “desvalido meritorio”: jóvenes destacados intelectualmente, pero sin los recursos económicos necesarios para acceder a una educación técnica secundaria y universitaria de excelencia. Este concepto, profundamente arraigado en la cultura institucional, fue asumido con orgullo por generaciones de estudiantes, que fueron beneficiados hasta fines de la década del setenta.
Si bien este modelo permitió a cientos de jóvenes acceder a una educación gratuita y de calidad, se sustentó en una visión influenciada por el modelo alemán. Este se manifestó tanto en la procedencia de los primeros profesores extranjeros que conformaron el plantel, como en una formación orientada a uniformar conductas y valores que, a través de la disciplina, el control del cuerpo, el deporte y la valoración de un tipo de cultura, buscaba transformar a jóvenes sin mayores oportunidades en ciudadanos ejemplares (Ceballos, 2016). El proyecto consideraba la construcción de un imponente recinto de estilo neogótico frente al mar, a los pies del cerro Placeres, en Valparaíso, concebido como una ciudadela universitaria que integraba salones, pabellones, residencias y jardines, y cuyo diseño se inspiró en los campus universitarios europeos y estadounidenses de la época.
En su primer año, la institución contó con una matrícula de 225 estudiantes, entre los cursos nocturnos y la Escuela de Aprendices (Fundación Federico Santa María, 1932). La matrícula fue exclusivamente masculina, hasta que en 1947 se creó la Escuela de Decorado de Interiores, orientada a estudiantes mujeres, que evolucionaría años más tarde en la Escuela de Técnicos Decoradores, dependiente de la Facultad de Construcción. A pesar de este avance, no fue sino hasta fines de la década del cincuenta que la universidad permitió el ingreso de mujeres a todas sus escuelas, en igualdad de condiciones y con las mismas exigencias que para los hombres, lo que llevó a la titulación de sus primeras técnica e ingeniera en 1964 (UTFSM, 2000, p. 136). Casi dos décadas después y a pesar de haber más que duplicado su matrícula, la presencia femenina se mantuvo baja: en 1974, apenas un 7,4 % del estudiantado eran mujeres, lo que posicionaba a la universidad como la institución con menor presencia femenina del país (Aragonés, 1978, p. 725).
Una época de descontento
En 1958, tras 22 años en el cargo, el rector Francisco Cereceda renunció para asumir como ministro de Educación del gobierno de Jorge Alessandri. Dos años antes, luego de la muerte de su padre, Agustín Edwards Eastman asumió la presidencia del Consejo Directivo, convirtiéndose en el tercer miembro del linaje familiar en encabezar la administración universitaria. Antes de dejar el cargo, Cereceda propuso como su sucesor al exalumno Carlos Ceruti, cuya designación fue aprobada por el Consejo Directivo. En 1959, a pocos meses de haber asumido el cargo, Ceruti enfrentó su primera huelga estudiantil en rechazo a la prohibición de una serie de conferencias sobre los gobiernos latinoamericanos, que organizaba la Federación de Estudiantes (Ceruti, 2018, p. 134).
Un episodio similar ocurrió al año siguiente, cuando prohibió una charla del embajador de Cuba en Chile, Carlos Lechuga, sobre la realidad cubana y el proceso revolucionario liderado por Fidel Castro (Pávez, 2018, pp. 104-106). El malestar estudiantil no cambiaría la postura de Ceruti, quien formado en los años treinta por los primeros profesores alemanes que llegaron a la institución, había heredado el principio de que en las universidades no debían penetrar las ideas de la política partidaria (Ceruti, 2018, p. 134).
En 1961, Ceruti prohibió el uso del Aula Magna para recibir a sesenta delegados de la Conferencia Internacional de Estudiantes, que habían viajado a Chile para apoyar las labores de reconstrucción luego del terremoto de 1960. Al año siguiente, se realizó una convención entre exalumnos, estudiantes y profesores, donde se acordó solicitar representación estudiantil en los consejos universitarios. Las autoridades no solo declinaron participar, también rechazaron sus acuerdos. En 1965, el rector negó nuevamente el uso del Aula Magna para un foro con dirigentes gremiales y políticos sobre la huelga portuaria que paralizaba Valparaíso. Ceruti recomendó a los estudiantes no involucrarse y esperar unos años más para estudiar el asunto con mayor madurez (Correa, 1966). Estos hechos acentuaron el descontento estudiantil y las críticas al modelo universitario. Entre los estudiantes del plantel, caracterizados por una educación técnica y una disciplina casi militar, primaba la convicción de dejar de creer que todo estaba bien porque había orden. El malestar se intensificaba, como una tormenta que amenazaba desatarse en cualquier momento.
El año académico de 1966 inició con una huelga estudiantil en contra del “régimen feudal”, el “sistema monárquico” y las estrictas normas que regían el plantel (Correa, 1966). Los dirigentes estudiantiles, encabezados por el presidente de la Federación de Estudiantes, Pablo Verschae, demandaban modernizar su estructura por medio de una administración más democrática y con participación estudiantil (La Nación, 16 de marzo de 1966). Semanas antes, dos estudiantes habían sido expulsados por reprobar un curso al no cumplir con el mínimo de asistencia, a pesar de tener las notas suficientes para rendir el examen. Además, tres estudiantes habían sido expulsados del internado: uno por “derramar amargura entre el alumnado”; otro por “flojera consuetudinaria”, a pesar de tener excelentes notas, y un tercero que, al ser presidente del Centro de Alumnos Residentes, protegió a un grupo de bromistas que desactivó el timbre del internado (Correa, 1966). Tras 32 días de paro, las clases se reanudaron luego de un acuerdo con las autoridades, que contemplaba cambios en la normativa, la incorporación de materias humanísticas en el plan de estudios y la participación estudiantil con derecho a voz en algunos consejos (Verschae, 2018, pp. 49-50). Al año siguiente, estos avances serían insuficientes para las expectativas estudiantiles, convirtiendo este paro en una de las últimas advertencias antes de la gran huelga y toma.
El factor Edwards
Al descontento estudiantil, producto de las estrictas normas que regían la vida universitaria, se sumó un factor clave: el grupo Edwards. Durante la segunda mitad de la década del sesenta, las críticas hacia su gestión se agudizaron. Para entonces, la universidad se financiaba en más de un 85% de sus ingresos con aportes estatales. A esta situación, se agregó una serie de antecedentes sobre las inversiones que mantenía la universidad y los beneficios que obtenían Agustín Edwards y otros directivos del plantel, como Jorge Ross, Gustavo Olivares, Carlos Urenda y Nicanor Señoret. Estos integrantes del círculo de confianza de Edwards, en su calidad de particulares, compartían participación con la universidad en diversas compañías. Así, aprovechando la posición mayoritaria de la institución, el grupo liderado por Edwards controlaba la conformación de sus directorios (Herrero, 2014; Magasich, 2024). Esto les permitió construir un verdadero holding, con el que ejercían control sobre estas empresas y obtenían elevadas remuneraciones como miembros directivos, en ocasiones superiores a los beneficios que percibía la universidad por su participación.
En 1967, la Federación de Estudiantes elaboró un informe económico sobre la participación de la universidad en cuatro importantes empresas: Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía de Cervecerías Unidas, Compañía de Seguros La Chilena Consolidada y Compañía Industrial. El documento detallaba la situación financiera de la institución y ofrecía antecedentes que confirmaban las sospechas y cuestionamientos hacia el grupo Edwards. Según el informe, los representantes universitarios habrían favorecido el aumento progresivo del control de capitales privados en detrimento del patrimonio institucional. Un caso emblemático es el de la Compañía de Cervecerías Unidas, donde en menos de una década la universidad redujo su participación en casi un 20%, mientras que Agustín Edwards, a través del Banco Edwards, triplicó su participación, desplazando a la institución como accionista principal en 1966. El informe añadía que todas las compañías operaban sus recursos financieros a través del Banco Edwards, lo que generaba beneficios económicos directos para Agustín Edwards, evidenciado un conflicto de interés entre sus roles de empresario y representante universitario.
Otro elemento que acentuó el descontento fue la implementación del proyecto de Escuelas Satélites, impulsado por el rector Carlos Ceruti. Esta iniciativa consistía en la instalación de escuelas al interior de las industrias que, por medio de un proceso acompañado y supervisado por académicos del plantel, permitía a hijos y parientes de obreros de esas mismas industrias especializarse en determinadas áreas, bajo la tutela de los propios operarios. Así, se obtenían obreros capacitados y bien calificados, a quienes una vez egresados se les ofrecía ingresar a la Escuela de Artes y Oficios (UTFSM, 1964). El proyecto fue duramente cuestionado por los estudiantes, quienes observaban con preocupación cómo muchas de las industrias beneficiadas pertenecían a Agustín Edwards. Incluso Ceruti instaló una de estas escuelas en su propia empresa. Esta situación generó fuertes críticas de quienes consideraban que el quehacer universitario estaba siendo subordinado a los intereses privados (Ceruti, 2018, p. 152).
La gran huelga y toma
“Por primera vez en la historia de la Universidad Santa María los estudiantes se toman completamente el local”, informaba la Federación de Estudiantes sobre la toma iniciada la noche del martes 3 de octubre de 1967 (La Estrella de Valparaíso, 4 de octubre de 1967). El comunicado denunciaba la intransigencia de las autoridades universitarias al rechazar sus planteamientos. La principal demanda era reformular la gobernanza universitaria, incorporando la participación estudiantil y que los profesores ocuparan un lugar mayoritario en la toma de decisiones. “No aceptamos que se tomen por personas que se están autonombrando o cuyo poder sobre la universidad no tiene ninguna justificación”, declaraban sobre la participación del grupo Edwards. Días antes, un referéndum reveló que el 95% de los estudiantes apoyaba los cambios y el 78% respaldaba la creación de una comisión resolutiva para abordar la reforma, con participación de autoridades, profesores y estudiantes (La Estrella de Valparaíso, 22 de septiembre de 1967).
Desde el inicio de la toma, los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo para cubrir las distintas áreas para su buen funcionamiento. Entendían que una acción como la que habían adoptado implicaba no solo una responsabilidad política, sino también la responsabilidad de cuidar y mantener su universidad (Rojas, 2018). Había grupos a cargo de los controles de entrada y salida, alimentación, mantener los jardines, cuidar los laboratorios y oficinas, y cualquier otra tarea que pudiera surgir. Pese a la limitada presencia femenina, varias estudiantes participaron activamente en las asambleas y tareas de la toma. Los dirigentes estudiantiles, encabezados por el presidente de la Federación de Estudiantes, Claudio Rojas, iniciaron inmediatamente los contactos con las autoridades universitarias. En la vereda opuesta, el rector Ceruti declaraba que “la actitud de la Dirección no ha sido negativa ni estática”, pero consideraba “improcedente” la fórmula de una comisión resolutiva, proponiendo a cambio una de carácter consultivo (La Unión, 5 de octubre de 1967). Esta propuesta no satisfizo a los estudiantes, quienes insistieron en que el espacio debía tener carácter resolutivo.
Los profesores del plantel, a quienes los estudiantes proyectaban una incidencia mayoritaria en la nueva gobernanza, se reunieron al día siguiente en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar y emitieron una declaración en la que rechazaban la actitud de la Federación de Estudiantes (González y Derpich, 1967). Este pronunciamiento evidenció que, al menos en un inicio, el movimiento no contaría con el respaldo docente, como podrían haber esperado. Ese mismo día, autoridades encabezadas por el rector Ceruti, representantes de profesores y estudiantes, se reunieron con el intendente de Valparaíso, Enrique Vicente, quien intentó mediar en búsqueda de una solución (El Mercurio de Valparaíso, 6 de octubre de 1967). Como resultado de la reunión, los estudiantes se comprometieron a garantizar el libre acceso a la universidad. Además, Vicente se comprometió a no ordenar el desalojo, aliviando una de las principales preocupaciones del movimiento. Días más tarde, los dirigentes Claudio Rojas y Marcos Lacazette se reunieron en Santiago con Agustín Edwards, sin lograr acuerdos. Por su parte, los profesores, alineados con las autoridades, proponían una comisión tripartita que elaborara un informe sobre el cual el Consejo Directivo se pronunciara, una salida que ya había sido rechazada por los estudiantes.
El movimiento contó de inmediato con el apoyo del resto de las Federaciones de Estudiantes del país. Los estudiantes de la UCV, que meses antes habían realizado una huelga por reformas en su institución (Allard, 2017), emitieron una declaración dando su apoyo. Durante esos días, Claudio Rojas viajó a Santiago para reunirse con los dirigentes de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile (UFUCH), a quienes le informó de los motivos y proyecciones del movimiento. En su regreso a Valparaíso, lo hizo acompañado de los dirigentes nacionales José Miguel Insulza y Luis Badilla para darles a conocer detalles del conflicto y apoyar las acciones del movimiento. Los dirigentes de la UTFSM convocaron a marchar por las principales calles de Valparaíso, mientras que la UFUCH —que además seguía con atención la toma estudiantil en la Universidad Técnica del Estado (UTE)— anunciaba la realización de un paro regional y otro nacional si no se resolvían los conflictos de los planteles movilizados (El Mercurio de Valparaíso, 7 de octubre de 1967; El Mercurio, 8 de octubre de 1967).
Una semana después de iniciada la toma, los estudiantes enfrentarían un contratiempo: las autoridades universitarias presentaron una querella de restablecimiento, con el propósito de reanudar y normalizar las actividades. Desde el movimiento rechazaron categóricamente esta medida, señalando que presentar el conflicto como un problema legal era una estrategia destinada a dilatar cualquier posibilidad de solución (El Mercurio, 11 de octubre de 1967). Esta acción hizo que el paro regional convocado por la UFUCH para el 13 de octubre tomara mayor fuerza, plegándose a él los estudiantes de las distintas universidades de Valparaíso y llevándose a cabo una masiva concentración en el parque Italia, de la misma ciudad. El 17 de octubre, se realizó el paro nacional universitario en apoyo a los movimientos estudiantiles de la UTFSM, en Valparaíso, y la UTE, en Santiago. En Valparaíso, una marcha inició en dependencias de la universidad, en cerro Placeres, y finalizó en el pasaje Ross, frente al edificio de El Mercurio de Valparaíso (El Mercurio, 18 de octubre de 1967). Los profesores reiteraron el llamado a conformar la comisión tripartita consultiva que habían propuesto, pero los estudiantes la rechazaron. Comprendían que la única forma de garantizar los cambios era permitiendo a las partes tener poder de decisión.
El conflicto escaló rápidamente. En menos de dos semanas, se sumó un actor que sería clave en su desarrollo y desenlace: el Congreso Nacional. Un grupo de parlamentarios afines a la reforma, encabezados por el diputado democratacristiano Luis Maira, impulsó un proyecto de acuerdo que pedía la renuncia de los rectores de la UTFSM y la UTE. Frente a este escenario, Agustín Edwards amenazó con hacer uso de un antiguo artilugio legal que tenía a su favor, poniendo en aprietos al movimiento estudiantil, que seguía sumando apoyos. Con base en el testamento de Federico Santa María, si sus disposiciones no podían cumplirse, los albaceas estaban autorizados a entregar sus bienes a instituciones científicas en Estados Unidos (Ceruti, 2018, p. 162). Esta situación despertó la alerta de los dirigentes de la UFUCH, quienes hicieron un llamado al Gobierno a intervenir para evitar que el legado de Santa María se viera interrumpido en caso de que sus directivos decidieran ejecutar esta disposición (La Unión, 20 de octubre de 1967).
A fines de octubre, se puso fin a la toma en la UTE y se constituyó una Comisión de Reforma con participación estudiantil, que derivó meses más tarde en la renuncia del rector Horacio Aravena y la elección democrática de Enrique Kirberg como nuevo rector (Cifuentes, 1997a, p. 98). Por su parte, en la UTFSM, el conflicto continuaba. La directiva nacional de la Asociación de Exalumnos manifestó su rechazo al movimiento, quienes, al igual que los profesores, se alinearon con la posición de las autoridades, reconociendo únicamente en los directivos el poder de decisión. Este pronunciamiento fue cuestionado por la Asociación de Constructores Civiles del plantel, quienes argumentaban la existencia de un acuerdo que estipulaba que los directivos de los exalumnos no emitirían opinión alguna con el propósito de facilitar la búsqueda de soluciones (Jara y Rodríguez, 1967). Por su parte, el rector Ceruti, al no lograr acuerdo con los dirigentes estudiantiles, hizo un llamado público al diálogo y a retomar la normalidad. Lejos de generar el efecto deseado, agudizó la tensión con los estudiantes, quienes resolvieron prohibirle el acceso a la universidad (La Unión, 4 de noviembre de 1967b). De esta manera, al cumplirse un mes de la toma, Ceruti debió abandonar la vivienda que ocupaba junto a su esposa e hijos dentro del campus universitario y residir durante algunos meses en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar.
La externalización del conflicto
A fines de octubre, los dirigentes estudiantiles se reunieron en Santiago con el ministro de Educación, Juan Gómez Millas, para darle a conocer los fundamentos del movimiento y hacer un llamado a la intervención del Gobierno. Los dirigentes solicitaban la convocatoria del Consejo Directivo para reanudar el diálogo, esta vez, sobre la base de una nueva propuesta presentada por la Asociación de Profesores, que consideraba una comisión consultiva tripartita, pero con la diferencia de que sus propuestas serían resueltas por un Claustro Pleno, con participación de profesores y estudiantes (La Unión, 30 de octubre de 1967). Así, los estamentos docente y estudiantil acercaban posiciones por primera vez desde el inicio de la toma. La propuesta no fue bien recibida por el rector ni el Consejo Directivo, lo que generó por primera vez el rechazo de las autoridades a la mediación de los profesores y un distanciamiento entre ambas partes (La Unión, 4 de noviembre de 1967a). En paralelo, algunos dirigentes estudiantiles, acompañados por directivos de la UFUCH, recurrieron al Senado para solicitar que el tema fuera abordado en una sesión especial.
A comienzos de noviembre, los estudiantes trasladaron su movimiento a Santiago. El 8 de noviembre, la UFUCH convocó a una marcha por el centro de la capital hasta el edificio de El Mercurio, lugar donde se gritaron consignas en contra de Edwards. Ese mismo día, 10 estudiantes —Alfredo Sepúlveda, Víctor Slusarenko, Edmundo Sepúlveda, Manuel Salinas, Raúl Zurita, Carlos Jiménez, José Gaete, Roberto Pardo, Pompilio Pérez y Jorge Gutiérrez— iniciaron una huelga de hambre en la plaza de la Constitución, la que mantendrían hasta que el Gobierno decidiera intervenir en el conflicto (La Unión, 9 de noviembre de 1967). La medida, que se extendió por 76 horas, finalizó luego del compromiso del Gobierno de enviar con trámite de urgencia un proyecto de ley sobre Organización en la Educación Superior, que obligaría a las universidades estatales y privadas a ceñirse a un estatuto general (La Unión, 12 de noviembre de 1967).
Días más tarde, dirigentes estudiantiles se reunieron con el presidente Frei. Se esperaba que esta reunión fuera trascendental para el futuro del movimiento, pese a ser convocada para presentar observaciones a la iniciativa que patrocinaban como Ejecutivo. Sobre el proyecto, los estudiantes manifestaron que aportaba a la solución de los problemas que enfrentaban, pero que no era una viable, pues los tiempos implicaban un largo proceso de trámite legislativo. Frei se comprometió en hacer gestiones a través del Ministerio de Educación para buscar una solución particular al conflicto (El Mercurio, 14 de noviembre de 1967).
Ante la falta de avances en las negociaciones y las acusaciones de intransigencia en contra de las autoridades universitarias, el 17 de noviembre, los estudiantes protagonizaron una nueva manifestación frente a El Mercurio en Santiago. Esta vez, incluyó la ocupación del edificio, la liberación de bombas pestilentes y el lanzamiento de aceite quemado sobre los uniformes de los carabineros. Los diputados Luis Guastavino, Mario Palestro, Juan Acevedo y Laura Allende intervinieron en la situación, para ayudar a algunos estudiantes a librarse de ser detenidos. Producto de estos desordenes, se detuvo a un grupo de estudiantes, que fueron liberados más tarde gracias a la intervención de Carlos Valle Soto, secretario privado del ministro del Interior (El Mercurio de Valparaíso, 18 de noviembre de 1967). De regreso a Valparaíso, el 22 de noviembre, los dirigentes estudiantiles convocaron a una nueva marcha junto a pobladores y universitarios de otros planteles, generándose graves incidentes y enfrentamientos con los carabineros en las afueras del edificio de El Mercurio de Valparaíso. Como resultado de esta manifestación hubo varios lesionados entre manifestantes y carabineros, mientras que otro grupo fue detenido (El Mercurio de Valparaíso, 23 de noviembre de 1967).
A fines de noviembre, el Gobierno cumplió su compromiso de ofrecer una nueva fórmula para intentar destrabar el conflicto. El subsecretario de Educación, Patricio Rojas, propuso una comisión conformada por representantes de autoridades, profesores y estudiantes, en partes iguales, para que elaborara un nuevo estatuto orgánico. La comisión tendría 90 días para presentar sus resultados a un Consejo Directivo ampliado, el que aumentaría su composición incluyendo a representantes de profesores y estudiantes (La Unión, 28 de noviembre de 1967). La propuesta no convenció inicialmente al movimiento, al no ofrecer garantías de que profesores y estudiantes decidieran mayoritariamente sobre el nuevo estatuto, pero fue aprobada luego de que el Ejecutivo comprometiera incorporar un árbitro designado por el presidente de la república (La Unión, 1 de diciembre de 1967). Por su parte, el Consejo Directivo valoró las gestiones, pero manifestó sus reparos en dos aspectos: el primero, rechazaba la incorporación del voto estudiantil, señalando que esta materia sería abordada en el proyecto de ley sobre educación superior anunciado por el Gobierno; el segundo, se oponía a la designación de un árbitro, al considerar inaceptable delegar en terceros aquellas decisiones que consideraba fundamentales (El Mercurio, 2 de diciembre de 1967). A dos meses de la toma, las esperanzas de una solución se desvanecían tras el rechazo del Consejo Directivo a aspectos clave de la propuesta. Como consecuencia, el subsecretario de Educación anunció el término de la mediación por parte del Ejecutivo.
En este contexto, un grupo minoritario de estudiantes opositores al movimiento comenzó a organizarse bajo el nombre de Grupo Universitario Libre, e inició una campaña en contra de la gestión de la Federación de Estudiantes, manifestando su apoyo al Consejo Directivo ante la propuesta del Gobierno y convocando a una asamblea general (El Mercurio de Valparaíso, 6 de diciembre de 1967). Los dirigentes rechazaron esta citación, argumentando que la Federación era el único organismo representativo de los estudiantes. Estas prácticas, impulsadas por grupos opositores orientados a dividir la opinión pública, comenzó a manifestarse también entre los profesores. En una declaración pública firmada por Jaime Chiang, Arsenio Fica y Walter Gaete, miembros de la Comisión de Profesores Universitarios, se rechazaba una convocatoria realizada por el profesor Carlos González, quien junto a Mario Derpich también conformaban dicha comisión. La citación invitaba a los profesores a analizar la propuesta del Consejo Directivo, en contraposición a la voluntad de la Asamblea de Profesores, que ya había manifestado su aprobación a la propuesta del Gobierno.
El cese de la mediación del Gobierno, las desavenencias entre partidarios y opositores a la reforma, y la ruptura de estudiantes y profesores con el Consejo Directivo en la búsqueda de soluciones generó que se instalara nuevamente al interior del movimiento la idea de una intervención del Estado. A mediados de diciembre, surge una nueva propuesta de los estudiantes, que tomaría fuerza durante el resto de la movilización y contaría con el apoyo de un grupo de parlamentarios: la nacionalización de la universidad. Esta medida consistía en la creación de una corporación de derecho público, descentralizada y autónoma, a través de la cual se elaborarían nuevos estatutos redactados por la comunidad universitaria, y fueran aprobados por el presidente de la república (Federación de Estudiantes UTFSM, 15 de diciembre de 1967). La propuesta provocó impacto en los miembros del plantel y en la opinión pública, y generó un fuerte debate en medio de una nueva conmemoración del deceso de Federico Santa María y las festividades de fin de año.
La nacionalización de la universidad
La propuesta de nacionalización tuvo simpatizantes, aunque mayoritariamente detractores. Enfatizar el rechazo del Consejo Directivo a la propuesta del Gobierno era el principal argumento del movimiento para ganar la opinión pública. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (PUC), Rafael Echeverría, manifestaba que el Gobierno no podía seguir permitiendo estas situaciones y debía intervenir para apoyar la nacionalización del plantel, y hacía un llamado a los estudiantes a unirse en la lucha contra el clan Edwards (Desfile, 22 de diciembre de 1967). Unos meses antes, los estudiantes de la PUC habían enfrentado a Edwards desplegando el famoso lienzo con el mensaje “Chileno: El Mercurio miente”, acusando al diario de manipular la opinión pública y distorsionar la imagen de su movimiento (Silva, 2024). Los principales dirigentes universitarios del país se plegaron a la demanda de nacionalización, aunque el respaldo sería insuficiente. Comenzaba el verano y las vacaciones, lo que hacía imposible convocar a algún tipo de movilización o protesta. El grupo de profesores opositores ganaba respaldo, y en una declaración apoyada por 53 docentes expresaban su rechazo a la propuesta (El Mercurio, 19 de diciembre de 1967).
Frente a este escenario de tensiones y desacuerdos, el Consejo Directivo terminaba el año con una declaración en la que reafirmaba su posición sobre el conflicto, enfrentando las opiniones que lo acusaban de intransigente. En dicha declaración, además, manifestaba su permanente disposición al diálogo y hacía un nuevo llamado a retomar la normalidad. En un intento de ganar aliados, se acercó a los profesores mediante una propuesta que consideraba su participación en la elección de autoridades universitarias y en los consejos, pero negando la participación estudiantil con derecho a voto (El Mercurio, 31 de diciembre de 1967).
La respuesta de los estudiantes no demoró en llegar. En una declaración pública firmada por los dirigentes Marco Antonio Lacazette y Patricio Young, desmintieron las palabras de las autoridades y manifestaron su rechazo a la reforma propuesta por el Consejo Directivo de dejar en un rol pasivo a los estudiantes (La Unión, 3 de enero de 1968). Por su parte, y como había sido desde el inicio del conflicto, la Asociación de Exalumnos manifestó nuevamente su respaldo a la propuesta del Consejo Directivo (El Mercurio, 19 de enero de 1968a).
A pesar de la resistencia, la propuesta de nacionalización avanzaba en el Congreso patrocinada por un grupo de parlamentarios. El proyecto establecía que la universidad dejaría de ser un establecimiento privado de utilidad pública para pasar a ser una corporación de derecho público, independiente y autónoma. Además, facultaba al presidente de la república para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la ley, crear una comisión encargada de elaborar nuevos estatutos integrada por un representante del Gobierno y representantes de profesores y estudiantes, y designar un rector interino con plenos poderes para normalizar las actividades, elegido de una quina propuesta por la Asamblea de Profesores (El Mercurio, 19 de enero de 1968b). Las autoridades universitarias advirtieron que, en caso de aprobarse, presentarían un recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema, al considerar que el proyecto era inconstitucional (El Mercurio, 31 de enero de 1968). Aunque algunas indicaciones finalmente no serían consideradas, la futura solución al conflicto comenzaba a tomar forma.
El proyecto de ley continuó su trámite, luego de ser aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara. A comienzos de febrero, el Senado aprobó la indicación con las intervenciones a favor de los senadores comunistas Jaime Barros y Volodia Teitelboim, los democratacristianos Benjamín Prado y Rafael Gumucio, el socialista popular Tomás Chadwick y la socialista María Elena Carrera. En contra de la indicación, intervino solo el senador Pedro Ibáñez, del Partido Nacional, que criticó los argumentos en contra de las autoridades del plantel y acusó motivos políticos (El Mercurio, 9 de febrero de 1968). Ante este escenario adverso, los opositores a la reforma decidieron jugarse sus últimas cartas. El Grupo Universitario Libre reapareció, luego de su fallida intervención para retomar la normalidad semanas antes. En una carta enviada a sus compañeros, el grupo rechazaba la propuesta de nacionalización y criticaba a la Federación de Estudiantes, denunciando falta de democracia y exigiendo la renovación de sus representantes (El Mercurio, 11 de febrero de 1968). Por su parte, El Mercurio, en su editorial del 15 de febrero, salió en defensa de Agustín Edwards, respaldando su gestión y denunciando una “campaña denigratoria” en su contra. Días más tarde, el rector Ceruti, en una extensa carta de plana completa en El Mercurio dirigida a la opinión pública, defendió la gestión de las autoridades del plantel y rechazó las acusaciones realizadas por estudiantes y parlamentarios.
La recta final
A comienzos de marzo, tras cinco meses de huelga, el movimiento de reforma recibió una noticia que marcaría un punto de inflexión. Ante las presiones de sectores opositores y el interés del presidente Frei por encontrar una salida consensuada, el Gobierno envió un veto sustitutivo al proyecto de nacionalización. Lejos de ser un revés para los estudiantes, la medida fue acogida positivamente, pues retomaba una solución ya planteada semanas antes: la creación de una comisión conformada por autoridades, profesores y estudiantes, encargada de redactar nuevos estatutos. La comisión estaría presidida por una persona designada por el presidente de la república, condición que había sido cuestionada semanas antes por quienes rechazaban cualquier forma de intervención estatal. El Ejecutivo optó por este camino para evitar un conflicto jurídico, previendo que una ley de nacionalización podría ser impugnada por las autoridades del plantel ante la Corte Suprema, lo que prolongaría indefinidamente el conflicto. La Federación de Estudiantes expresó su apoyo a la fórmula e hizo un llamado al Congreso a aprobarla unánimemente. El veto contemplaba, además, que el presidente de la república nombrara a un rector provisional, elegido de una quina propuesta por la Asamblea de Profesores (El Mercurio, 2 de marzo de 1968).
A pesar del llamado de los estudiantes a aprobar el veto, hubo diferencias entre los parlamentarios afines a la reforma. Los diputados democratacristianos votaron a favor, mientras que los socialistas, comunistas y radicales —aunque reconocían que la propuesta cumplía con las condiciones mínimas exigidas por el movimiento— la rechazaron, e insistieron en que la solución definitiva era la nacionalización y la disolución de la fundación. Por su parte, los diputados de derecha se abstuvieron y homenajearon al rector Ceruti, cuya salida era inminente con la aprobación del veto. A pesar de las diferencias, la indicación fue aprobada en la Cámara de Diputados por 30 votos contra 21 (El Mercurio, 6 de marzo de 1968).
En el Senado, los nacionalistas rechazaron el veto, y acusaron al Gobierno de querer apropiarse del plantel e imponer un estatuto contrario a la voluntad de los albaceas y de Federico Santa María. Esta situación obligó a los senadores partidarios de la reforma a respaldarlo para asegurar su avance (El Mercurio, 22 de marzo de 1968). El veto fue aprobado y promulgado el 21 de marzo de 1968, poniendo término a una de las huelgas estudiantiles más largas e importantes en la historia de la UTFSM.
En cumplimiento de la ley recientemente aprobada, el Gobierno designó a Carlos Massad, economista y presidente del Banco Central, como su representante en la universidad. El 3 de abril de 1968, tras seis meses de toma, los estudiantes entregaron simbólicamente las llaves del plantel en una ceremonia (La Unión, 4 de abril de 1968). Días antes, el rector Carlos Ceruti y los vicerrectores Guillermo Acuña y Fernando Aguirre habían presentado su renuncia. Ceruti lamentaba no haber resuelto la crisis; criticaba la radicalización del movimiento que, según él, respondía a intereses políticos externos, y reafirmaba su apoyo incondicional al Consejo Directivo y a Agustín Edwards (El Mercurio, 3 de abril de 1968), desconociendo que este último había ofrecido a los estudiantes su salida de la rectoría a cambio de deponer la toma y abstenerse de cuestionar su liderazgo (Rojas, 2018, p. 60). Alojado en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar, tras verse obligado a abandonar el campus, Ceruti confesó a su familia su frustración por no haber podido defender el legado de Federico Santa María, convencido de que las reformas requeridas eran más profundas que las exigidas por el movimiento (Ceruti, 2018, pp. 168-170). Los estudiantes, a su vez, lo acusaban de no haber logrado comprender nunca las razones de fondo del descontento acumulado. A fines de abril, un grupo de colegas, amigos y exalumnos le organizó un homenaje; ni Agustín Edwards ni otros representantes de los albaceas asistieron, solo Carlos Urenda hizo llegar una nota (El Mercurio, 29 de abril de 1968; Ceruti, 2018, pp. 170-173).
Tras la entrega del recinto, Carlos Massad convocó a la Asamblea de Profesores para escoger los candidatos para rector provisional. La sesión, presidida por Guillermo Feick en su calidad de decano más antiguo, reunió a 86 docentes que votaron para conformar la quina. Esta quedó conformada por Esteban Azpiri, Guillermo Feick, Walter Gaete, Arnold Meller y Héctor Muzio (El Mercurio, 7 de abril de 1968).
Días más tarde, el presidente Frei nombró rector provisional a Guillermo Feick, ingeniero eléctrico formado en la Universidad Técnica de Berlín y parte de las primeras generaciones de académicos extranjeros que llegaron tras la fundación del plantel. Aunque Feick no compartía plenamente el modelo de cogobierno que impulsaban los estudiantes, su reconocida trayectoria, carácter conciliador y actitud sencilla lo convertían en una figura respetada. Como primera medida, decretó la reanudación de clases para el 15 de abril. Durante la ceremonia de nombramiento del rector provisional, la Federación de Estudiantes expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y reafirmó su compromiso de colaborar con la nueva administración (El Mercurio, 19 de abril de 1968).
La Comisión Reforma de Estatutos de 1968
El 23 de abril de 1968 se promulgó el decreto del Ministerio de Justicia que constituyó la comisión redactora de estatutos. De acuerdo a las definiciones adoptadas previamente por cada estamento, la comisión quedó conformada por: Carlos Massad, representante del presidente de la república, quien estaría a cargo además de presidirla; Silvio Moltedo, profesor de la Facultad de Construcción; Nelson Leiva, profesor de la Facultad de Electrotecnia; Reinaldo Giudici, profesor de la Facultad de Matemáticas y Física; Germán Frick, profesor de la Facultad de Mecánica; Jaime Chiang, profesor de la Facultad de Química; Juan Figueroa, representante de los profesores universitarios que no invisten la calidad académica de miembros de la facultad; Luis Araya, representante del profesorado de las escuelas no universitarias; Gustavo Bacherer, Rodolfo Lemp, Ricardo Malla, Claudio Rojas y Mario Salgado, representantes de la Federación de Estudiantes, y Carlos Urenda, Jorge Ross y Agustín Edwards, representantes de los albaceas. La comisión debía cumplir su cometido en un plazo de 60 días a partir de su constitución. Durante el proceso, diversas voces de la comunidad universitaria presentaron sus propuestas, las que fueron revisadas y analizadas por dicha comisión.
A mediados de mayo, en su 7ª sesión, la comisión recibió la propuesta del Comité de Exalumnos Pro-Reforma, marcando un distanciamiento con la Asociación de Exalumnos sobre su visión del proceso. El comité, representado por Lionel Glauser y Gabriel Traverso, planteó un tema que hasta entonces se mantenía en espacios reservados de discusión del sector reformista: la salida de los representantes de los albaceas de la administración universitaria. Argumentaban que Agustín Edwards Eastman y Carlos Urenda no debían formar parte de la nueva estructura, ya que no eran sucesores directos de los albaceas, sino "reemplazantes de los reemplazantes". Basaron su postura en una interpretación del testamento de Federico Santa María, que otorgaba la facultad de nombrar reemplazantes solo a los albaceas originales. En respuesta, Carlos Urenda defendió su permanencia, argumentando que el albaceazgo era una institución jurídica que justificaba su continuidad, que su exclusión podría derivar en estatutos inconstitucionales y que debía respetarse la voluntad del testador. Dado que la comisión no pudo alcanzar un acuerdo, la decisión final quedó en manos del presidente de la república.
Semanas más tarde, el Consejo de Defensa del Estado emitió un informe sobre los puntos fundamentales que debían someterse a decisión del presidente Frei. Sobre la participación de los representantes de los albaceas, el consejo reafirmó la posición que planteaba: solo los albaceas originales podían designar reemplazantes y cualquier interpretación contraria viciaría la legalidad de los futuros estatutos. Como fundamento, los estatutos fundacionales establecían que:
En el caso de faltar uno o más de los tres albaceas otorgantes de la escritura de constitución de la Fundación por fallecimiento o cualquiera otra causa, serán reemplazados por los señores Agustín R. Edwards Budge, Carlos R. Edwards Mac Clure, Nicanor Señoret Silva, Gustavo Olivares Cosulich y Jorge Ross Ossa, conforme al orden que queda indicado. (UTFSM, 1926)
Por lo que, tras el fallecimiento de Agustín Edwards Budge, Carlos Edwards Mac-Clure y Nicanor Señoret, solo mantenían el derecho a participar Jorge Ross y Gustavo Olivares, aunque este último ya había manifestado su desinterés en las labores universitarias desde hacía un tiempo. En consecuencia, ni Agustín Edwards Eastman ni Carlos Urenda calificaban para integrar la nueva estructura institucional. Con ello se comenzaba a poner término al prolongado dominio de los Edwards sobre la universidad, una situación que, probablemente, ya era prevista por el propio Agustín Edwards, quien había optado por no participar en las reuniones de la comisión.
La participación estudiantil fue otro de los puntos que ocupó un lugar central en la discusión. La actitud responsable y comprometida de los representantes estudiantiles durante el proceso fue ampliamente valorada por el resto de los miembros de la comisión, y contribuyó a generar un clima favorable en torno al tema. En la sesión del 15 de junio, y por amplia mayoría, se aprobó que los estudiantes tuvieran derecho a voz y voto con representación de un 25% en todos los cuerpos colegiados, aprobándose también la participación de representantes de los sindicatos de trabajadores. Se marcaba así un hito en la historia de la universidad, donde se reconocía por primera vez a los distintos estamentos como parte activa en la toma de decisiones, dando inicio a un periodo de mayor participación y corresponsabilidad en la conducción del plantel.
El 29 de junio se realizó la 14ª y última sesión de la comisión, donde se revisaron los detalles finales del proyecto de estatutos y se tomaron los últimos acuerdos. Una subcomisión se encargó de redactar el documento definitivo, que, tras recibir la aprobación del presidente Frei, fue ratificado mediante decreto del Ministerio de Justicia (1968). Los nuevos estatutos definieron la universidad como una institución autónoma, comunitaria, dialogante, pluralista y democrática. Los estudiantes estaban convencidos de haber convertido un feudo en una verdadera universidad.
Tras casi cuatro décadas desde su fundación, se iniciaba un periodo de renovación profunda, sustentada en principios democráticos y en el reconocimiento pleno de su comunidad como protagonista del quehacer universitario. Pese a las tensiones durante la huelga, se respiraba un ambiente de esperanza y optimismo. El diálogo se instalaba como el principal instrumento de avance, mientras surgían nuevos liderazgos estudiantiles y, junto a ellos, nuevas ideas de reformas. Los aires de transformación seguían presentes y no se detendrían, irían por más.
Conclusiones
Los estatutos de 1968 marcaron la salida del clan Edwards de la UTFSM. Sin embargo, algunos de los sucesores directos de los albaceas mantuvieron una participación minoritaria hasta 1972, cuando nuevos estatutos sellaron su salida definitiva. Este hecho demuestra que el proceso de reforma universitaria no concluyó en 1968, sino que continuó en los años siguientes, bajo el liderazgo de Jaime Chiang, primer rector elegido democráticamente por la comunidad universitaria. Por ello, para comprender íntegramente este proceso, es necesario ampliar el marco temporal de estudio.
Los años posteriores estuvieron marcados por la llegada de la Unidad Popular al Gobierno, una creciente tensión política a nivel nacional, la realización de asambleas generales en la universidad y la aparición de candidaturas externas a la rectoría, eventos que abren nuevas líneas de investigación sobre el impacto y la evolución de la reforma. Del mismo modo, el golpe de Estado de 1973 representa un punto de inflexión: la universidad fue intervenida violentamente por la Armada, se impusieron rectores delegados, se revirtieron las reformas y se reprimió a su comunidad. Es así como este estudio constituye una aproximación inicial a un proceso histórico complejo, que requiere explorarse con mayor profundidad.
Además, dado el carácter mediático e institucional de la documentación recopilada durante la investigación, y la centralidad de los testimonios provenientes, principalmente, de dirigentes y actores políticos vinculados al proceso, este estudio aborda el conflicto desde una perspectiva política e institucional. Por ello, se reconoce la necesidad de que futuras investigaciones profundicen en las dimensiones sociales de la huelga, incluyendo los eventos ocurridos al interior de la toma, las formas de organización desarrolladas en torno a ella, así como los vínculos con la comunidad del cerro Placeres, los sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales.
Desde una perspectiva metodológica, considerando que este tipo de antecedentes rara vez queda documentado en los archivos institucionales o es recogido por los medios de comunicación, se vuelve indispensable incorporar enfoques vinculados a la memoria oral, aprovechando las redes y relaciones construidas a lo largo del proceso de investigación.
Desde una perspectiva actual, resulta llamativo que el proceso de reforma universitaria haya sido escasamente abordado en la historia oficial de la universidad (UTFSM, 2000, 2012, 2022), pese a la alta repercusión política y mediática que tuvo durante la época y a que el modelo universitario instalado se ha mantenido mayormente vigente. Las razones pueden ir desde el insuficiente desarrollo de las humanidades y ciencias sociales en una institución de orientación científico-tecnológica, hasta la intención de mantener discreción frente a episodios históricos que pueden resultar incómodos de rescatar. No es raro que la memoria, al tensionar los relatos oficiales, se perciba como conflictiva, llevando a que algunos de los acontecimientos sociales y políticos más relevantes se omitan. Esto adquiere particular relevancia en un contexto donde, en los últimos años, el movimiento estudiantil universitario ha retomado demandas como la participación en el gobierno universitario, lo que permite establecer relaciones con este proceso histórico. En este marco, la historia institucional de la UTFSM adquiere una complejidad adicional, al estar estrechamente ligada a la figura de la familia Edwards y a su influencia en la vida política, económica y social del país durante el siglo XX.
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* Jorge Maldonado Soto es humanista digital, ingeniero
civil informático por la Universidad Técnica Federico Santa María, y tesista
del Magíster de Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Alberto
Hurtado. Actualmente, cursa el Diplomado en Historia y Archivística de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.